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Chávez Invicto: No hubo Golpe de Estado en 150 años donde no estuviese la mano de EE.UU.

¿Cómo se cocinó la SOFA entre Estados Unidos y Ecuador?

Por Miguel Ruiz Acosta

Fuentes: Página/12

Para nadie es un secreto que los Estados Unidos son la potencia con mayor presencia militar en el planeta, contabilizando alrededor de 750 bases militares en alrededor de 80 países del mundo, así como 173 mil tropas desplegadas en 159 naciones durante los últimos años, como lo ha documentado exhaustivamente el profesor David Vine de la American University en Washington. Lo que no es tan conocido es que el despliegue militar suele ir acompañado de un tipo de acuerdos bilaterales conocidos como «Acuerdos sobre el estatuto de las fuerzas» (SOFA, por sus siglas en inglés). El objetivo central de estos dispositivos es «regular» los términos bajo los cuales operan las tropas norteamericanas, así como los contratistas y subcontratistas del Departamento de Defensa (DOD) en aquellos países en donde tienen algún tipo de presencia, con o sin bases permanentes.

Después del breve paréntesis soberanista que representó el gobierno de Rafael Correa en el Ecuador, a partir de 2018, el país equinoccial retornó al redil de la geopolítica hemisférica estadounidense de la mano de los gobiernos de Lenin Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa. Los mayores acercamientos con los EEUU se dieron bajo la administración de Lasso, quien en octubre pasado firmó un SOFA nombrado Acuerdo entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de los EEUU relativo al Estatuto de las Fuerzas, mismo que fue ratificado en febrero de este año por el presidente Noboa. 

En pocas palabras, dicho acuerdo representa la renuncia ecuatoriana a ejercer soberanía plena sobre dimensiones muy delicadas como la seguridad y el propio territorio nacional. Algunas perlas como muestra: al personal militar estadounidense en el país se le otorgarán privilegios, exenciones e inmunidades equivalentes a los del personal de las misiones diplomáticas (Art. 2); las aeronaves, los buques y los vehículos operados por el DOD podrán entrar al territorio del Ecuador, salir de y desplazarse libremente por el mismo (Art. 5); el DOD podrá contratar pertrechos, suministros, equipos y servicios sin restricciones en cuanto a la elección del contratista; los contratos se solicitarán, adjudicarán y administrarán de conformidad con las leyes y regulaciones de los EEUU (Art. 6); el personal de los EEUU tendrá libertad de movimiento y acceso a medios de transporte, almacenamiento, entrenamiento y otras instalaciones (Art. 9); se permitirá que el DOD opere sus propios sistemas de telecomunicaciones, así como el derecho a usar todas las frecuencias del espectro radioeléctrico que sean necesarias para este propósito. El uso del espectro radioeléctrico no tendrá costo alguno para los EEUU (Art. 10); ambos gobiernos obviarán cualquier reclamo entre sí por daño, pérdida o destrucción de bienes de la otra parte o por lesión o muerte de miembros del personal de las FFAA o su personal civil. 

Los reclamos de terceros por daños o pérdidas causados por personal de los EEUU serán resueltos por el Gobierno de los EEUU de acuerdo con las leyes y regulaciones de dicho país (Art. 12). Difícil imaginar mayores niveles de entreguismo.

De acuerdo a revelaciones recientes del Team del DOD asignado al Ecuador, el camino hacia la firma del SOFA habría sido mucho más rápido que lo normal, por lo que debería ser visto como un «caso de estudio». La historia que cuentan es la siguiente: durante 2023 Ecuador se preparaba para ser la sede de un ejercicio militar multinacional, Resolute Sentinel, organizado por el Comando Sur de los EEUU (SOUTHCOM) y dirigido por la 12° Fuerza Aérea-Sur (12°AFSOUTH), en el que participarían 1,000 soldados norteamericanos de todas las ramas y su equipo militar correspondiente (buques, aviones, etc.), mismo que debería realizarse en verano del 2023. Los trámites migratorios y aduaneros para tal fin eran muy demorados. Finalmente, el ejercicio militar no se llevó a cabo en Ecuador sino en Perú. De acuerdo al documento del equipo del DOD en Ecuador: «Tras esta decisión, y dada la creciente demanda de cooperación en materia de seguridad por parte de Estados Unidos, el equipo estadounidense en el país decidió redoblar sus esfuerzos para conseguir un Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas». Sin embargo, de una lectura detenida de ese documento se puede desprender que, en realidad, el asunto de la demora en los trámites para el ejerciocio militar sólo sirvió como coartada para presionar al gobierno ecuatoriano a firmar un SOFA que ya se venía cabildeando con anterioridad.

Allí mismo se refiere como la visita de Laura J. Richardson del Comando Sur (foto, con Noboa) y una comitiva de altísimo nivel al país en septiembre de 2022 fue la que «allanó el camino». De allí en adelante «el equipo estadounidense en el país decidió redoblar sus esfuerzos para conseguir un Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas». A la cabeza de esto habría estado el Embajador Michael J. Fitzpatrick, quien ya se venía comportando como auténtico proconsul, por sus reiteradas declaraciones injerencistas sobre la política local: tanto la sección política (¿La CIA?) como la Oficina de Cooperación en Seguridad (OSC) de la Embajada «colaboraron estrechamente para organizar sesiones de negociación entre un equipo interinstitucional»: el Departamento de Estado de los EEUU y los ministerios ecuatorianos de Relaciones Exteriores y de Defensa. Algo que también resulta revelador es la confirmación de que hubo funcionarios del Ministerio de Defensa del Ecuador que «se opusieron inicialmente a la falta de reciprocidad del SOFA», pero que los cuestionamientos fueron superados con el «compromiso público del ministro de defensa [¿Gral.Luis Lara Jaramillo?] que invalidara las objeciones de su personal».

De acuerdo a la retórica del DOD, la firma (Lasso) y posterior ratificación (Noboa) del SOFA «agiliza la cooperación a través de la Hoja de Ruta de Asistencia al Sector Seguridad de Ecuador (ESSAR), un marco de planificación bilateral que describe las prioridades de seguridad compartidas por EE.UU. y Ecuador» Prioridades que, sobre decirlo, responden fundamentalmente a la visión norteamericana sobre la región; y eso aplica tanto para las abiertamente declaradas (lucha contra el terrorismo y el narcotráfico), como para las implícitas (control geopolítico y militar; supervisión de lo que consideran «sus» recursos naturales, etc.). 

Con la firma del SOFA y de una docena más de acuerdos complementarios, el Ecuador le vuelve a abrir sus puertas a la ya bicentenaria injerencia estadounidense en Nuestra América. Solo en este contexto es posible entender episiodios como la artera invasión de la Embajada de México ordenada por Noboa el mes pasado; una acción que difícilmente podría haberse realizado a espaldas de los órganos de poder de los EE.UU.

Miguel Ruiz Acosta: Sociólogo mexicano-ecuatoriano. 

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/736727-como-se-cocino-la-sofa-entre-estados-unidos-y-ecuador

Odio & LGTBIFobia // Salir a la calle contra el odio y el miedo que paraliza El Congreso fue el punto de movilización por los lesbicidios en Barracas

Por Carla Spinelli 

Fuentes: https://www.pagina12.com.ar

Muchos participantes pusieron el foco en la responsabilidad del Estado y sus discursos odiantes y odiosos en este crimen atroz, que recuerda las quemas de brujas de la Edad Media.

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«Lesbiana, lesbiana, lesbiana, lesbiana, decirlo tantas veces como las que se lo calló«. Por el parlante, resuena la palabra cuatro veces para nombrar a cada una de las mujeres que sufrieron un atentado con una molotov por parte de un vecino dentro del lugar donde vivían, cobrándose la vida de dos ellas y dejando graves a las otras dos. Cientos de integrantes de la comunidad LGBTIQ+ se reuieron frente al Congreso para hacer el duelo desde la organización, poniendo el grito en la calle, exigiendo ser vistas frente al odio ciego.   

Pamela Cobbas, Roxana Figueroa, Andrea Amarante y Sofía Castro Riglos fueron atacadas el domingo pasado por Justo Fernando Barrientos, el vecino de al lado. Eran dos parejas de lesbianas que en ese momento se encontraban conviviendo. El hombre ya las había hostigado en varias oportunidades y hasta las había amenazado de muerte. Y cumplió: cerca de la medianoche, tiró un explosivo y las prendió fuego.

«Llamamos al fortalecimiento de la comunidad y al acompañamiento como forma de resistencia contra la violencia política y simbólica. Exigimos justicia por las cuatro compañeras vícitmas de este atentado y cambio de la carátula: fue un crimen de odio por ser lesbianas. Basta de violencia y discursos de odio», es el llamado de Autoconvocades Lesbianes por Barracas y la Red de Autoconvocades y Organizaciones Lesbianes junto a más de 60 organizaciones transfeministas y de diversidades, agrupaciones políticas, sindicatos, asambleas barriales, centros de estudiantes y colectivos artísticos.

Por el micrófono pasan decenas de personas de la comunidad LGBTIQ+ para desahogarse, consolarse y volver a nombrarse en medio de un estado de shock colectivo. «Si este lesbicida termina preso o no sinceramente no me interesa. Porque creo que no es otra cosa que la materialziación y la canalización de los discursos de odio del gobierno nacional y de los medios de comunicación que no visibilizan esta noticia porque es la peor masacre de lesbianas de los últimos tiempos. Se ve que evidentemente nuestras vidas no valen tanto», vocifera una de las manifestantes.    

Acompaña la movilización la referente sindical y trabajadora sexual Georgina Orellano, que explica y arenga: «Venimos denunciando la hostilidad en el espacio público por parte de la policía pero en los últimos meses hubo un creciente odio de los vecinos y vecinas autoconvocadas que comienzan a tener acciones en la calle como tirarles agua caliente desde los balcones a nuestras compañeras. Más allá de que nos convoquemos hoy por una tragedia y en otras fechas, como ahora el 3 de junio, nos tenemos que ver en las calles todo el tiempo. Es una realidad la violencia está ganando en los barrios y los discursos de odio están totalmente habilitados. Para que no vuelva a pasar nunca más, pisen el barrio, muchachas«.

Una y otra vez, los y las presentes invocan el aura de Pepa Gaitán, víctima de la lesbofobia de su padrastro, que la asesinó de un escopetazo el 7 de marzo de 2010. Desde esa fecha, se instituyó como el Día de la Visibilidad Lésbica.

«La visibilidad es un tema sobre el cual hay que seguir charlando. Hay ciertas identidades que pareciera que tienen más derecho a expresarse en el ambito de lo público o incluso en ambitos familiares», dice Sofía, sentada de la mano con su pareja, Agustina, con la que vive hace dos años. Ambas le cuentan a Página 12 que reconocen que poder alquilar es un privilegio frente las condiciones en las que vivían las mujeres violentadas, un reflejo de la realidad de gran parte del colectivo. «Al enterarnos tuvimos una sensación de mucha vulnerabilidad. Sentir que como parte del colectivo estamos en una situación de exposición permanente, de discursos que nos posicionan como blanco. Saber que, así como pasó con estas mujeres, podría pasar con nosotras», expresa Sofía.

Por su parte, Agustina reflexiona sobre su vivencia como lesbiana en un entorno hostil y heteronormado. «No hay una semana que pase que no recibamos un comentario de gente que cree estar habilitada a dar su opinión sobre nuestras identidades y que, con eso, motivan prácticas violentas concretas. Siempre estamos abiertas a alguna desaprobación, alguna mirada». Además, trae una preocupación cotidiana que ve en su lugar de trabajo: el aula. «Como docentes es algo que sale todo el tiempo en las aulas. Ahí hay un montón de trabajo que hacer, aún teniendo la ESI. Hay muchos pibis que dicen ser homófiques u homoodiantes, se proclaman como si eso fuera una opinión«, cuenta.

Benja, un joven militante de la agrupación LGBTQ+ 1969, toma el micrófono y se planta frente a los discursos de La Libertad Avanza: «Tenemos un gobierno que constantemente ataca a las diversidades. Se convalida con dichos como los de la canciller Mondino comparando la homosexualidad con una infestación de piojos. Este gobierno no tiene nada que ofrecer a las diversidades. Fue lesbicido y esto no es libertad.»

Ocupando un carril de la curva de la calle Solís –que unos 10 oficiales de policía y guardia urbana no estuvieron dispuestos a cortar a pesar de la convocatoria– Sole se apoya sobre su bicicleta y le cuenta a este diario que desde el día del ballotage en el que Milei ganó las presidenciales no volvió a estar tranquila. «Volví a sentir miedo caminando por la calle, que hacía mucho tiempo que no sentía, no solamente en términos del contexto sino tambien en mi historia lesbiana, desde antes de habilitarme la defensa o andar en grupo».  

«Vine porque siento que hay una enorme necesidad de encontrarnos, de estar cerca, de saber que nos tenemos, porque creo que la violencia va a recrudecer y creo que tenemos que armar estrategias para cuidarnos y se haga justicia», dice y vuelve con sus amigas, que están en ronda armando refugio contra el odio. 

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Fuente : https://www.pagina12.com.ar/735826-el-congreso-fue-el-punto-de-movilizacion-por-los-lesbicidios

Los Deportes Como Arma Política: Caso Venezuela

• Red Angostura

En la ruta hacia los JJ.OO. París 2024

Es un mito que los deportes son un espacio neutral donde los conflictos geopolíticos no tienen cabida y las potencias imperiales no imponen su lógica de dominio y sometimiento. Una prueba de ello puede verse en el constante acoso al que son sometidos los deportistas venezolanos cada vez que tienen que representar el país en competencias internacionales.

Retrasos en la entrega de visas, negación de las mismas y la imposición de condicionantes son algunos de los obstáculos impuestos a nuestros atletas, lo que sin duda ha tenido un impacto en el desempeño ya que tal incertidumbre generada por la burocracia deportiva incide psicológica y físicamente en su desenvolvimiento.

Recientemente, el gobierno venezolano denunció que el Departamento de Estado de Estados Unidos, valiéndose de que su país es presidente pro témpore de la XXIV Asamblea General del Consejo Americano del Deporte (CADE), y que Washington fue sede del encuentro, negó injustificadamente la acreditación y acceso al representante designado por la República Bolivariana a dicho evento.

En un comunicado de la Cancillería del 25 de abril, se señala que esta acción «representa una violación flagrante de lo establecido en los reglamentos internos y los principios fundamentales del olimpismo».

El hostigamiento contra el país también ocurrió por otra vía, por lo cual una semana después se emitió otro comunicado. Esta vez sería en rechazo del método implementado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) al escoger el Equipo Olímpico de Refugiados, «en el que inadecuadamente incluyó a un señor de nacionalidad venezolana en la disciplina de Tiro Deportivo, quien no cumple los criterios internacionales para ser catalogado en condición de refugio».

Venezuela critica la falta de transparencia al momento de seleccionar a esta persona que carece de las cualidades para practicar un deporte de alto rendimiento. En el fondo se busca politizar la «participación» en la cita deportiva en aras de proyectar que en el país hay personas desplazadas por motivos de persecución y guerra.

Además, el llamado se hace con miras a impedir que esto impacte negativamente en el ánimo de las selecciones nacionales que aun se encuentran en proceso de clasificación para los Juegos Olímpicos París 2024, y sobre el deporte a escala mundial.

El hecho de que participen connacionales en el equipo de refugiados de Acnur fijaría la imagen de Estado fallido que se ha estado construyendo en los últimos años. Por ello, no es descabellado visualizar escenarios donde el Comité Olímpico Internacional (COI) pudiera dejar a Venezuela fuera de las competiciones internacionales, como ya hizo con Rusia y Bielorrusia en 2022 tras el inicio de la Operación Militar Especial en Ucrania.

Paradójicamente, el presidente del COI, Thomas Bach, argumentó que se excluyó la Federación Rusa como una «medida de protección para salvaguardar la integridad de las competiciones internacionales» a la luz de los «profundos sentimientos antirrusos y antibielorrusos en tantos países tras la invasión».

Sin embargo, queda claro que el deporte internacional sigue siendo un asunto predominantemente occidental, como afirma Leo Goretti, por lo que no cuesta excluir un país que no esté alineado con sus intereses. A Rusia le borraron sus méritos deportivos de un plumazo, le prohibieron exhibir sus símbolos nacionales en las competiciones, entre otras decisiones similares.

El doble rasero del COI queda en evidencia cuando hasta el momento no se ha excluido a Israel de ninguna competencia después de perpetrar un genocidio contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Al parecer, para la FIFA y el COI el deporte y la política están separados solo cuando se trata de un aliado. Cada día crece la demanda para censurar a Israel de competiciones internacionales, pero se intuye que no va a pasar nada al respecto.

El uso del deporte como arma política no es nuevo, tampoco el ataque sistemático a nuestros atletas. En los últimos años se ha boicoteado la participación de Venezuela en certámenes internacionales.

En 2022 el gobierno nacional denunció a Canadá por no emitir las visas que, por derecho, correspondía a la selección de baloncesto masculino. Ese mismo año, en septiembre, Chile le negó visas a la delegación del equipo masculino de voleibol para su participación en la jornada de clasificatorios de cara a los Juegos Panamericanos. La lista de estas acciones que buscan condicionar y mermar el ánimo de nuestros atletas es larga e incluye selecciones de distintas categorías.

Ahora los pueblos | Emergencia climática suramericana

No cambiemos el clima. ¡Cambiemos el sistema!

Hugo Chávez

2024: un año particularmente difícil

El presente año comenzó con un inusual aumento de las temperaturas. También, con una mayor cantidad y frecuencia de eventos climáticos extremos, como las recientes inundaciones que azotan el sur de la República Federativa de Brasil, a causa de las intensas lluvias en el país, que ya suman 148 fallecidos, 127 desaparecidos y 806 heridos. La región más afectada es Rio Grande do Sul, donde, según el último boletín de Defensa Civil, 447 municipios de sus 497 se encuentran bajo las aguas, y hay 2,12 millones de personas desplazadas. Las autoridades informaron que las inundaciones podrían empeorar en las próximas horas y que se mantienen en estado de alerta.

Recordemos que entre enero y febrero, la ola de calor atacó el centro sur de Chile y Argentina, así como la zona central de Colombia. Los equipos meteorológicos de distintas ciudades registraron altas temperaturas. En Santiago de Chile, con 36,7 grados centígrados, se llegó a la tercera temperatura más alta registrada en 112 años. En la Patagonia argentina, el incendio que se declaró en la noche del 25 de enero, arrasó con 2 mil hectáreas en la parte oriental del Parque Nacional Los Alerces (patrimonio mundial). Y en Colombia, el gobierno declaró situación de desastre natural por los incendios forestales en 174 municipios, que elevaron las temperaturas por encima del promedio de 40,4 grados. La devastadora ola de incendios en Chile, que inició el 1.° de febrero, afectó a las ciudades de Viña del Mar y Quilpué. En total, se perdieron 4 mil 286 hectáreas de bosque nativo, de las cuales 723 corresponden a palmares. La palma chilena es una especie en peligro de extinción que solo habita en la zona central del país. El Servicio Médico Legal confirmó 134 fallecidos. Así se ha vivido la emergencia climática en Sudamérica durante lo que va de año.

Urge cambiar el sistema

La emergencia climática por la que atraviesa el mundo profundiza las asimetrías entre el norte y el sur global. En el caso de América Latina y el Caribe —que solo aporta el 10% de emisiones de gases de efecto invernadero— es precisamente la región que sufre los peores efectos del calentamiento global, que genera más desplazamientos migratorios y pone en riesgo la vida de millones de personas. La mayor recurrencia de eventos climáticos afecta la infraestructura básica, el suministro de agua, la producción de alimentos y a la generación eléctrica. En definitiva, pone en riesgo los medios de vida de la población, ocasionando pérdidas cuyo valor económico puede superar el 2% del PIB anual de las naciones.

El profesor Nicanor Cifuentes Gil, director del Centro de Estudios Ambientales de la Universidad Bolivariana de Venezuela, resalta que ante el fracaso de los esfuerzos por detener el calentamiento global —el Protocolo de Kyoto había establecido la necesidad de reducir los gases de efecto invernadero al nivel alcanzado en 1990 del siglo XX—, surge nuevamente la conciencia de los límites del crecimiento y emerge el reclamo por el decrecimiento. Es un hecho incontrovertible que el proceso económico globalizado es insustentable; que la ecoeficiencia no resuelve el problema de una economía en perpetua expansión de las ganancias. Será precisamente desde Venezuela y Suramérica que tendrán lugar los escenarios reflexivos y de praxis militantes cónsonos con la vida posible poscapitalista, y siempre en clave antiimperialista y anticolonialista, como lo es la propuesta del ecosocialismo, dentro de las corrientes socialistas del siglo XXI.

Suramérica, una región geoestratégica

Suramérica posee los seis países más biodiversos del mundo: Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana, Guayana Francesa y Surinam. Estos contienen el 70% de las especies de mamíferos, aves, reptiles, anfibios, plantas e insectos del planeta. Además, tiene el 40% de la biodiversidad y más del 25% de los bosques de la Tierra.

En los planes de recolonización de la región, implementados desde el Pentágono, esta situación tiene un peso particular. Ya han iniciado el despliegue militar del Comando Sur en Perú y Ecuador, contando con gobiernos cómplices y serviles a sus intereses. En el caso de Colombia, a pesar del cambio en la correlación de fuerzas políticas internas a favor del gobierno del Pacto Histórico, se trata de una nación militarmente ocupada y con unas fuerzas armadas y policiales subordinadas a los lineamientos estadounidenses. Por eso, han procedido a avanzar en la colocación de bases militares en Guyana para no solo proteger la extracción ilegal de gas y crudo, sino también para asegurarse el control de todos estos recursos en su totalidad.

Anabel Díaz Aché

Fuentes consultadas:

Chávez, H. R. (2009, 16 de diciembre). Discurso del comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, en la Cumbre Climática de Copenhague, capital de Dinamarca.

Cifuentes Gil, N. (2023, febrero). «Descolonizando desde Venezuela y el sur global la escena del crimen climático». En: La Descolonización es Posible y Necesaria. El Vitral de la Ciencia. Revista Bimensual de Divulgación Científica, edición especial, Vol. 3, N.º 2. https://revista.vps.co.ve/el-vitral-de-la-ciencia-vol-3-n-2-2023/