Por Olga Rodríguez
Fuentes: El Diario
España se une al procedimiento en la Corte Internacional de Justicia, pero no se posiciona ante la demanda contra Israel presentada por Sudáfrica en dicho tribunal y evita apoyarla
España se suma al proceso judicial en la Corte Internacional de Justicia -el máximo tribunal de Naciones Unidas-, donde los jueces analizan la situación en Gaza en el marco de la demanda por genocidio presentada por Sudáfrica contra Israel. El paso dado por el Gobierno español y anunciado por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, no significa que nuestro país se una a la denuncia por genocidio, ante la cual el propio Albares ha dicho que prefiere no pronunciarse.
Sin “toma de partido por ninguna de las dos partes”
“España no toma partido por ninguna de las dos partes del proceso”, ha indicado el ministro. “Si me permiten la forma coloquial de decirlo, toma partido a favor del tribunal, para ayudarle en lo que tenga que ser su interpretación”, ha añadido, señalando que el objetivo es “que la paz regrese a Gaza” y que se respeten las medidas cautelares anunciadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), “que son de obligado cumplimiento”.
Es decir, Madrid afirma que no se posiciona ni en favor ni en contra de la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio, no se suma a ella, ni toma partido en defensa de dicha acusación ante la Corte de La Haya. Lo que el Gobierno hace es anunciar que dará asistencia al tribunal cuando lo considere oportuno, en el marco del caso, para ayudar a los jueces “a la hora de tomar una decisión”.
Cuando presente su escrito, España podría posicionarse sobre algunas cuestiones o limitarse a mostrar apoyo a las medidas de los jueces, lo cual en sí mismo tiene un valor simbólico, ya que Israel está incumpliéndolas y ha arremetido contra el tribunal. Por lo demás, todos los Estados miembros de la ONU están obligados a apoyar las medidas de la Corte, se sumen o no al proceso judicial.
Exteriores ha comunicado que todavía está elaborando su solicitud. De momento no ha señalado cuándo la enviará, ni ha especificado qué argumentos aportará. Algo similar anunciaron el pasado mes de marzo Bélgica e Irlanda, sin que hayan enviado aún el comunicado a la Corte de La Haya. Albares sí ha insistido en que este paso tiene como finalidad “apoyar al tribunal en la aplicación de las medidas cautelares, especialmente en el fin de las operaciones militares en Rafah”. A falta de mecanismos específicos para garantizar el cumplimiento de las medidas de la Corte, son los gobiernos de los Estados miembros de la ONU los que tienen que desplegar herramientas para obligar a su cumplimiento.
Israel desobedece de forma reiterada esas medidas cautelares emitidas por la Corte Internacional de Justicia, que exigen asegurar la entrada de ayuda humanitaria suficiente en la Franja, en un momento en el que diversas voces expertas y agencias de la ONU denuncian un contexto de hambre provocado. El propio fiscal jefe de la otra Corte de La Haya, el Tribunal Penal Internacional, indicó recientemente que “Israel ha privado intencional y sistemáticamente a la población civil en todas partes de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia humana”.
Es por ello que organizaciones civiles, de derechos humanos y cincuenta y dos expertos de Naciones Unidas, relatores especiales, piden sanciones y embargos formales de armas a Israel para empujar a Tel Aviv a cumplir el derecho internacional y esas órdenes de la Corte Internacional de Justicia. Ni España ni ningún país europeo han adoptado estas medidas, cuando se cumplen ocho meses del inicio de la ofensiva israelí contra Gaza.
En su anuncio de este jueves, el ministro Albares no quiso expresarse sobre los indicios de genocidio en Gaza denunciados en la Corte, y evitó definir como crímenes los ataques israelíes contra civiles en la Franja, cuando ya hay más de 36.000 personas muertas y 81.000 heridas.
El ministro ha reiterado su apoyo a la Corte Internacional de Justicia y ha indicado la necesidad de que “vuelva la paz a Gaza”. No ha hecho referencia a la ocupación ilegal israelí –con la que Tel Aviv incumple varias resoluciones de la ONU- ni al sistema de apartheid que la sustenta, que impide la paz en la zona desde hace décadas.
Tampoco ha mencionado las dos medidas clave que han demandado los 52 relatores especiales de Naciones Unidas, u otras: sanciones, mecanismos de presión comercial y económica y un embargo formal de armas a Israel. Esas herramientas fueron implementadas de inmediato en el caso de Rusia, acompañadas de contundentes condenas públicas. Además, España envió un equipo de médicos forenses a Ucrania para recoger evidencias de pruebas que pudieran ser usadas en la Corte Penal Internacional que investiga posibles crímenes de guerra rusos.
Este doble rasero está condicionado por las relaciones de amistad y los acuerdos preferenciales con Israel por parte de EEUU y Europa. Ese apoyo a Tel Aviv y la ausencia de medidas de presión a lo largo de los años permitieron la política de hechos consumados israelí y la perpetuación de su impunidad. El propio Albares insistió el pasado 8 de mayo en que Israel es un “Estado amigo”.
Otros países ante la Corte de La Haya
Hasta ahora varios países han expresado públicamente su respaldo a la demanda presentada en la Corte Internacional de Justicia contra Israel, entre ellos Turquía, Malasia, Jordania, Bolivia, Namibia, Pakistán o Brasil, así como la Liga Árabe y la Organización de Países Islámicos.
Otras naciones han pedido unirse directamente a la demanda de Sudáfrica, acogiéndose al artículo 62 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que establece que el país que interviene “tiene un interés de orden jurídico que puede ser afectado por la decisión del litigio”: es el caso de Nicaragua –aún no está admitida– y, más recientemente, Palestina, que ha podido hacerlo tras la resolución de la Asamblea General de la ONU del pasado 10 de mayo, que amplió sus derechos en Naciones Unidas.
Además, varios países se han sumado al proceso a través del artículo 63 del Estatuto, lo que implica que no participan como parte demandante, sino que podrán presentar a los jueces argumentos, sugerencias o interpretaciones. Dicho artículo ofrece derecho a intervenir “siempre que la interpretación de una convención en la que los Estados distintos de los interesados en el caso son partes”. Así se han sumado Colombia, Libia y México, es lo que ha dicho que hará España y lo que anunció que haría Chile.
En este último caso, el presidente Gabriel Boric señaló que “Chile respaldará el caso que presentó Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, en el marco de la Convención sobre Genocidio de la ONU”. Por su parte, además de intervenir en el caso ante la Corte, Colombia ha roto relaciones diplomáticas con Israel y lo ha acusado de llevar a cabo acciones que constituyen “un genocidio”.
Por lo demás, otros gobiernos han declarado que intervendrán en el procedimiento judicial, pero no han aclarado cuándo y no han enviado aún la solicitud: es el caso de Egipto, Turquía, España, Irlanda o Bélgica. Estos dos últimos países lo anunciaron el pasado mes de marzo. Son, junto con España, algunas de las naciones europeas que más apoyo social a los derechos de la población palestina registran en las encuestas.
En el marco de la demanda contra Israel, la Corte Internacional de Justicia ha emitido varias medidas cautelares entre enero y mayo. A través de ellas, el máximo tribunal de la ONU solicita el fin de las operaciones militares en Rafah y la entrada de la ayuda humanitaria necesaria, algo que Israel sigue incumpliendo.
Además, hay otra investigación en curso en el otro tribunal de La Haya, la Corte Penal Internacional, donde recientemente su fiscal jefe solicitó órdenes de arresto contra tres líderes de Hamás y, por primera vez, contra dos mandatarios de un país aliado de EEUU y de Europa: el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa.
Las sanciones y las armas
A lo largo de estos meses Washington ha enviado grandes paquetes de armamento al Ejército israelí y ha proporcionado protección política y diplomática al Gobierno israelí, hasta el punto de que ha cuestionado públicamente a los dos tribunales internacionales de La Haya en sus pasos y en su jurisdicción con respecto a Israel.
También varios países europeos han exportado material militar o mantenido su compraventa de armas con Israel. En el caso de España, Madrid siguió enviando material militar hasta enero y comprando armamento israelí al menos hasta marzo. El Gobierno español anunció hace dos meses una política de no autorización de nuevas exportaciones, pero no ha establecido un embargo formal de armas ni ha paralizado las compras de armamento a Israel, un comercio a través del cual se refuerza el sistema de ocupación ilegal israelí, ya que las compañías de sistemas de armas de Israel “son las principales empresas militares promotoras y facilitadoras de la ocupación de los territorios palestinos”, según muestran varios informes.
Israel suele publicitar su material militar como “probado en combate”, es decir, sobre Gaza y Cisjordania, donde a lo largo de los meses -y años- ha matado a numerosos civiles.
Barcos que podrían llevar armas con destino final a Israel
Además, Europa es lugar de tránsito de armas con destino a Israel. Precisamente en las últimas horas ha hecho escala en las costas españolas el carguero Vertom Odette, sospechoso de llevar armas que podrían terminar en Israel, algo que han denunciado movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos. Este barco tenía previsto llegar a Cartagena el pasado miércoles, pero en el último momento optó por modificar su rumbo y navegar hacia Montenegro. Sin embargo, horas después dio un giro de 180 grados y retomó navegación hacia España.
Esto ocurre dos semanas después de la denuncia por movimientos sociales de otros dos barcos sospechosos que iban a hacer escala en España. Uno de ellos tuvo que desviar su rumbo en el último momento por orden del Gobierno español, tras confirmarse que llevaba armas a Israel.
El Tratado sobre el Comercio de Armas, ratificado por España, prohíbe la transferencia de armas a países que pudieran usarlas para ataques contra civiles, crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio. También prohíbe el tránsito, por lo que los países firmantes deben vigilar qué llevan y a dónde van los barcos que hacen parada en sus costas. El anuncio de un embargo formal facilitaría la exclusión de España en el trazado de las rutas de armamento a Israel.
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